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Domingo 18 Agosto 2019
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Pacto social para la democracia, una visión sindical – Hernol Flores Opazo – Opinión

Las probadas acusaciones de corrupción y de turbios manejos políticos y económicos que afectan a dirigentes e instituciones políticas, empresariales y administrativas nacionales, deja lamentablemente al desnudo que la lucha por el poder político y económico,  alcanza niveles de deterioro moral que amenazan con empujar al país a una radicalización de posiciones sociales que de ningún modo favorece el fortalecimiento de una sociedad democrática, como la que falazmente ofrecen los propios sectores en pugna.

Por ello, se hace necesariamente urgente reconocer que la sociedad chilena, una vez más, se encuentra con el problema fundamental que obstaculiza su desarrollo, cuál es su incapacidad de generar consensos estables en torno a un proyecto nacional compartido.

Y este problema no puede seguir siendo ignorado, al menos,  por las autoridades políticas y empresariales, sin correr el riesgo de frustrar definitivamente el inconcluso proceso de reconstrucción democrática y de justicia social iniciado hace ya tres décadas.

Hoy es imprescindible reflexionar en torno a la idea de un proceso social y político renovado, que genere reales condiciones de vigorización de la democracia, lo que supone plantearse como tarea prioritaria la reducción de las desigualdades existentes, e implica la extensión del principio democrático a las organizaciones sociales; partidos políticos; gremios; agrupaciones vecinales, etc. Así como también del fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado, mediante el desarrollo autónomo de las asociaciones y organismos intermedios no gubernamentales.

Tomando debida cuenta de las dolorosas experiencias sufridas por el pueblo chileno,  es obligado dedicarse a concluir la iniciada tarea de restauración democrática, a partir de la  ineludible valoración de la persona humana, sujeto constitutivo del centro y fin de la sociedad. Nada puede ser más importante que la consecución de un modelo de sociedad cuyo eje central, de toda su estructuración política, económica, social, moral y cultural sea el ser humano y sus inalienables derechos.

Es en estos derechos connaturales de las personas, donde se encuentra el fundamento y los principios que toda estructuración socio-política debe contener, cautelar y promover; como ser el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la seguridad y a la participación. En definitiva, y como tales derechos son anteriores al Estado, sus instituciones deben garantizar integralmente su vigencia, junto con otorgar a la sociedad los medios para someter su ejercicio a las exigencias del bien común.

En esta formulación, es perentorio reconocer que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del ser humano, ya que es el trabajo una de las características que lo distingue del resto de las criaturas. Solamente el ser humano es capaz de trabajar, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. 

Es necesario, por tanto, reivindicar el principio de la prioridad del trabajo frente al capital, reencauzando el conflicto entre ambos mundos y restableciendo un correcto sentido de la propiedad, en especial, la propiedad de los medios de producción.

Para los trabajadores, hablar de democracia implica invocar el derecho a la participación, por constituir éste el derecho natural a tomar parte activa, responsable y solidaria en la vida pública, para contribuir al bien común. Derecho que rebasa el marco restringido en que históricamente se le ha situado y que hoy resulta imperioso que alcance su dimensión natural no sólo en el orden económico, sino también en lo político, social y cultural.

Consecuente con lo señalado, el sindicalismo democrático jamás ha dejado de manifestar su voluntad favorable y promotora de un diálogo amplio y abierto con los sectores empresariales y políticos dispuestos o interesados en suscribir un proyecto de Cohesión Social, que tenga como objetivo reimplantar el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo, y mantener y preservar la paz y la armonía social.

Declarando su posición contraria al estatismo absolutista, este estamento sindical ha dejado muy claro su respeto y reconocimiento a la legitimidad de la empresa y capital privado y su consideración del empresario como aliado y no como enemigo. Postulando, asimismo, un tipo de relaciones industriales, donde se destierre definitivamente la política de enfrentamiento, para que surja y se potencie un proceso moderno en el cual la negociación colectiva sea un mecanismo de entendimiento estable y permanente, y donde se reconozca como un derecho inalienable de los trabajadores el contar con organismos propios de educación sindical, debidamente financiados con aportes de la empresa y del Estado.

Junto a la capacitación técnica y profesional, la educación sindical debe ser, sin duda, un elemento fundamental para elevar el nivel de aporte del trabajador a la construcción del modelo de sociedad participativa, solidaria y justa, que es su aspiración suprema.

De otro lado, forma parte de los principios del sindicalismo democrático el reconocimiento de los legítimos derechos que cabe a los partidos políticos de acceder al poder para poner en práctica sus postulados y programas, junto con la afirmación de que los trabajadores no son alternativas de gobierno. Por ello, nada justifica que los partidos democráticos sientan desconfianza o temor ente el poder sindical. Nunca una democracia encontrará un mejor aliado y defensor que un movimiento sindical libre, autónomo, representativo, independiente y poderoso.

Por tanto, los funestos augurios de caos o totalitarismo estarán siempre condenados al fracaso si los sectores políticos y empresariales reconocen la plena autonomía del movimiento sindical; el derecho de los trabajadores a constituir libremente organizaciones sindicales fuertes y poderosas, que les permita ejercer un efectivo rol de participación responsable en las grandes decisiones nacionales, y la posibilidad de convertirse en reales garantes y corresponsables en la sustentación y perfeccionamiento de la institucionalidad democrática. 

Los sindicalistas democráticos tienen clara conciencia que la concreción de un pacto social de la naturaleza señalada le impone, para hoy y para mañana, enormes sacrificios y renunciamientos, pero no obstante han estado y estarán siempre dispuestos a enfrentarlos.  Advirtiendo, eso sí, que nadie tiene derecho a pensar que lo harán sin que previamente sus interlocutores políticos y empresariales demuestren, también  objetivamente, su voluntad de reconocerles sus derechos y de crear los mecanismos para ejercitarlos.

HERNOL FLORES OPAZO.