¿De quién son las redes sociales de las instituciones públicas?

¿A quién pertenece el Twitter o el Facebook o el Instagram de un servicio público, de una institución como la Municipalidad, el Gobierno Regional, la Intendencia Regional, la SEREMI o la jefatura de un servicio?

Contraloría General de la República dictaminó en una resolución emitida el 27 de junio recién pasado que las redes sociales de entidades públicas son bienes institucionales. La medida aplicaría para cualquier plataforma que mantenga una institución, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram.

De acuerdo a Contraloría, al ser bienes institucionales, debe respetar normas de buen uso, poseer un responsable administrativo, y no ser usado para fines políticos o personales, entre otros. A su vez, ningún servicio ni autoridad pública puede bloquear el acceso de un usuario a las redes sociales institucionales.

Las razones de esta resolución se originan algunas denuncias que ha recibido el ente contralor y que se relacionan al uso de redes sociales o páginas web.

Por ejemplo, el dictamen de la Contraloría indica que en 2016, se informó sobre ciertas irregularidades en la Municipalidad de Villa Alemana, debido a que, entre otros motivos, en sus redes sociales se informaba sobre actividades y quehaceres del municipio con la imagen y nombre del alcalde.

En esa oportunidad, desde la administración comunal señalaron que sólo el 40% de las imágenes tenían estas características y que se incluyó a la autoridad debido a que el alcalde participó en las actividades en el contexto del ejercicio de su cargo.

En tercer lugar, un oficio de 2016 sostuvo que la Municipalidad de Peñalolén publicó en su página web una noticia, cuyo titular enunciaba “Contraloría desestima denuncia de supuesta precampaña en Peñalolén”.

Sobre esto, el ente fiscalizador afirmó que las instituciones sólo pueden utilizar sus recursos para informar sobre el cumplimiento de sus funciones.