En coordinación interinstitucional: nutrido programa de actividades marcará la “previa” a la puesta en marcha de la Ley de Entrevista Videograbada

El 3 de octubre en Magallanes, Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Maule y Aysén, entrará en vigencia la Ley que regula las “entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”, iniciativa que constituye una verdadera revolución para el sistema de justicia penal.
Para ello, pese a que funcionarios de distintas instituciones se capacitan hace varios meses de cara a lo que será la implementación de esta normativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Poder Judicial y al Ministerio Público han coordinado esfuerzos para darle un realce a la última fase de preparación regional. Para ello, estas instituciones han organizado diversas actividades de capacitación y difusión a realizarse la próxima semana, entre las que destacan: el lunes 9, entre las 08:30 y las 13:00 horas las “Jornadas de Sensibilización”, organizadas por la Seremia de Justicia y DDHH, en el Auditorio Ernesto Livacic; una capacitación denominada “ Fundamentos, principios y modificaciones”, dictada por Maurizio Sovino, abogado asesor de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, organizada por el Poder Judicial y la Fiscalía, a partir de las 16 horas, en el auditorio de los Juzgados Civiles (Avenida Independencia N° 617, tercer piso).

Asimismo, figuran actividades internas de los diferentes servicios, así como encuentros de los entrevistadores con la comunidad, Defensoría Penal Pública y autoridades regionales de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. El miércoles a las 15:00 horas también habrá una Jornada de Simulaciòn y demostración de juicio, organizada por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. El mismo día 11, a las 11:15 se realizará una Ceremonia de Reconocimiento a la comunidad Entrevistadores de la Región, en dependencias del auditorio de la Universidad de Magallanes.
Como parte de este esfuerzo interinstitucional, el Seremi de Justicia y DDHH, Fabián Mella, y el Fiscal Regional, Eugenio Campos, invitaron a la comunidad a estar atentas a estas actividades, las cuales buscan anticipar escenario, aportar insumos y profundizar las innovaciones que traerá aparejada esta importante normativa.
Como aspecto esencial, el proceso de entrevista videograbada incluirá en primer término, a personas debidamente capacitadas y acreditadas para abordar de forma especial la entrevista a menores de edad, como también un ambiente acondicionado para ello. Asimismo, preferencia y privacidad, derecho a ser oídos y participación voluntaria, entre otros puntos críticos.
Esta Ley establece normas de trato relativas a los niños, niñas y adolescentes, considerados como sujetos de derecho, con el objeto de prevenir la victimización secundaria en víctimas de delitos sexuales; trata y tráfico de personas; secuestro y sustracción; delitos violentos y robos calificados, como asimismo establece normas especiales proteccionales cuando son testigos, no reemplazando la comparecencia de ellos en un juicio oral.
La entrevista investigativa videograbada es una diligencia de investigación que se debe decretar por el o la Fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableciéndose reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible. Por ello quien reciba la denuncia deberá comunicar al fiscal el hecho de la forma más rápida posible y por la vía más expedita, en un plazo máximo de ocho horas.
Asimismo, el fiscal tendrá la obligación, una vez recibida la comunicación y en un plazo de 24 horas contados desde la denuncia, de decretar medidas de protección que resulten pertinentes y/o disponer diligencias investigativas. La realización de nuevas entrevistas se autorizará de forma excepcional.
Cabe indicar que las entrevistas quedan en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes, policías, peritos y jueces/zas de Familia. Su exhibición es controlada, con adopción de medidas para evitar su copia y posterior difusión. Para el éxito de este desafío, Magallanes avanzó desde agosto del año 2017, en realizar los primeros pasos de acercamiento a esta nueva modalidad, efectuando adecuaciones que permitieron ver los beneficios de esta iniciativa, que requirió de la coordinación de las múltiples instituciones involucradas en el proceso, tales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Fiscalía de Chile, la Defensoría Penal Pública, la Policía de Investigaciones y Carabineros, cumpliendo cada una un rol diferente en el proceso.